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Las residencias son los edificios públicos en que más víctimas mortales por incendio se producen en España. El último incendio trágico ha ocurrido en la madrugada del pasado miércoles 13 de septiembre en una residencia de Siero (Asturias) con una nueva víctima mortal y al menos 27 heridos. En este artículo se proponen modificaciones legislativas para que se pueda garantizar la seguridad de nuestros mayores en estos edificios.

La protección contra incendios de las residencias es bastante mejorable y han de darse los pasos necesarios para ello. Se puede afirmar que no está garantizado el más básico principio de seguridad de que el edificio en que están alojados sea absolutamente seguro para los residentes y esté adecuadamente protegido para que un incendio no les afecte.

Esta afirmación puede parecer llamativa o sensacionalista pero los hechos son irrefutables.

Los últimos casos

La muerte de esta mujer de 76 años en una residencia de Asturias ha sido el último suceso de un rosario de incendios trágicos en residencias españolas, que sigue al fallecimiento este año de otra mujer de 53 años y varios intoxicados, en junio en Torrelodones (Madrid).

En los últimos años hemos sufrido varios de estos incendios entre los que destacan: el de enero del pasado año en Moncada (Valencia) con 9 víctimas mortales; el de 2015 en Zaragoza con otros nueve fallecimientos; y el de febrero de 2010 en que otras 7 personas fallecieron por la noche en una residencia de ancianos en Sevilla.

Y no solo ocurre en España. En 2023, en Milán, Italia, el 6 de julio, un incendio en la habitación de una residencia para mayores ha causado la muerte de seis personas entre 69 y 87 años y la intoxicación de varias decenas.

El día 9 del pasado mes de agosto en La Forge, Alsacia, las autoridades francesas informaron que habían recuperado los cuerpos de las 11 personas fallecidas en el incendio de una residencia de verano.

La culpa no es de quienes construyen y aprueban estos edificios, sino de la obsoleta legislación vigente que sigue criterios arquitectónicos de protección contra incendio de estos edificios, cuando se debería imponer un nuevo criterio de protección contra incendios en las residencias basado en la vulnerabilidad de los ocupantes.

Los actuales requisitos de la legislación tanto de protección contra incendios pasiva, como activa (Extintores portátiles, Columna seca, Bocas de Incendios equipadas (BIE), e instalaciones de detección y alarma) se han demostrado insuficientes para preservar la vida de los residentes en un incendio.

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¿Qué se debe legislar?

No sirven las actuales normas que clasifican la peligrosidad o riesgo de incendios en función de la actividad, la altura del edificio, la superficie o la carga de fuego. Lo que debe primar en primer lugar no ha de ser el riesgo intrínseco de la edificación en la evaluación del riesgo de incendio, sino la garantía absoluta de la protección de los ocupantes del edificio en función de su vulnerabilidad ante la ocurrencia de un incendio en cualquier parte del edificio.

Los legisladores de incendios tienen el deber de revisar la legislación y adaptarla para optimizar la protección que se ofrece a la sociedad. Esa obligación es irrenunciable y en este caso es URGENTE.

Es necesaria una legislación ad hoc, un nuevo capítulo o apéndice dentro del documento Básico de Seguridad de Incendios del Código Técnico de la Edificación, que ya tiene casi 20 años, que dé respuesta a esta necesidad de protección en caso de incendio en las residencias que ya ha sido suficientemente demostrada.

Lo que hace falta es que los responsables del Ministerio de Fomento den este importante paso y que las asociaciones del sector de protección contra incendios se atengan a sus declaraciones formales de perseguir la seguridad de los ciudadanos y presionen a las administraciones y a los gobiernos de las CCAA y autoridades municipales de incendios para que produzcan los cambios legislativos necesarios en sus normativas poniendo el foco en la protección de las personas.

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Una nueva legislación

El objetivo de la nueva legislación debe partir del principio de que la seguridad contra incendios ha de ser la protección de los ocupantes y usuarios, no de los edificios. En vez de edificios o locales, o espacios de riesgo especial, hay que hablar de personas, de ocupantes vulnerables.

Una nueva normativa tiene que considerar la detección de incendios obligatoria en todos los locales de las residencias de mayores, o personas que tienen imitada su movilidad. Y hay que dar el paso para exigir la extinción automática en todos los espacios sin excepción: una habitación de una residencia tiene que ser un santuario de la seguridad.

No es la fatalidad la que produce las muertes por incendios en las residencias sino una inadecuada protección contra incendios de los ocupantes.

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2023 figurará en la historia como el año en el que se han producido los incendios más voraces y agresivos que se conocen. Sin ser adivinos, todos los expertos apuntan que esta tendencia se va a quedar o peor aún va a ir en aumento. Las condiciones climáticas, retroalimentadas por el cambio climático, que empujan a nuevas circunstancias medioambientales; y los hábitos de vida -segundas residencias cercanas a bosques, despoblación y abandono rural-, unidos a la falta de reacción y toma de conciencia real por parte de los gestores públicos para acometer las medidas necesarias de concienciación, prevención y protección, señalan una preocupante situación.( Imagen de Copernicus del incendio de Grecia)

En Evros, Grecia, se sitúa el incendio forestal más grande que se ha registrado nunca en la Unión Europea, con 90.000 hectáreas quemadas y 20 fallecidos, que ha desatado la mayor operación aérea de extinción de la historia comunitaria. Copernicus, Programa de Observación de la Tierra de la UE, ha calificado el desastre de Evros, en la frontera con Turquía, como el "incendio forestal más grande en la historia de la UE" desde que en 2000 comenzaron a registrarse este tipo de datos.

El incendio de Tenerife, que se inició el 15 de agosto y está estabilizado en estos momentos, ha quemado 15.000 hectáreas en un perímetro de 90 kilómetros, afectando a 12 municipios y 600 fincas y edificaciones, sin causar daños personales afortunadamente. El Cabildo ha hecho una valoración inicial de los daños económicos, sólo en infraestructuras, provocados por el incendio forestal que asciende a 80,4 millones de euros. Los daños ecológicos y de patrimonio natural destruidos son imposibles de valorar.

Al otro lado del Atlántico, el incendio en la isla de Maui, en Hawái, ha dejado más de 100 fallecidos, destruyendo la ciudad turística de Lahaina. La Asociación de prevención de incendios NFPA ha informado que "debido a la combinación mortal de causas humanas y naturales, ahora vemos incendios forestales sin precedentes en todos los rincones del mundo y en comunidades que antes no se consideraban de alto riesgo". Ahondando en ello, la investigación de la NFPA, destaca que cuatro de los incendios forestales más mortíferos en los EE. UU., incluido este, han ocurrido desde 2017.

Según el Centro Nacional de Bomberos de EEUU, unos 71,8 millones de propiedades en Estados Unidos corren algún nivel de riesgo de incendio forestal. En este sentido, desde NFPA señalan que “el gran volumen de comunidades en riesgo requiere cambios en dónde construimos, cómo construimos y qué hacemos con las propiedades existentes a través de políticas más sólidas para crear un entorno construido con mayor capacidad para hacer frente a este tipo de incendios”.

En total, el dramático recuento mundial alcanza los 82 millones de hectáreas de bosques (o lo que es lo mismo, 82 millones de campos de fútbol) que han ardido en los últimos 10 años y un aumento del agujero en la capa de ozono del 10%. Según investigaciones científicas, publicadas recientemente en prensa, en los últimos tres años el humo generado por los mega incendios agrandó el agujero de la capa de ozono un 10%, debilitando la protección de la atmósfera y por tanto la de los seres vivos que habitamos el planeta.

Es difícil soportar mental y físicamente tanta devastación. Desde TECNIFUEGO, Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, no nos cansamos de repetir algunas de las medidas que creemos pueden mitigar esta catástrofe.

Es ya un adelanto tomar conciencia del alcance del problema, y poder así pasar de la idea a la acción. Creemos que las claves para la solución pasan por actuaciones colectivas y preventivas, adoptando una gestión eficaz del paisaje, una política preventiva todo el año, una intensa concienciación a la población que entienda que la autoprotección sirve para combatir esta situación, y una intensificación de la inversión pública en medios, investigación y desarrollo de tecnologías para combatir los incendios.

La adaptación urbanística y edificatoria a este riesgo creciente en las urbanizaciones, municipios, viviendas y las fincas cercanas a bosques para que tengan una mejor reacción y resistencia al fuego es posible y debe ser un objetivo prioritario. Por ejemplo, al reformar o construir la vivienda se debe pensar siempre en la implementación de protección pasiva contra incendios en la edificación, que integre reacción y resistencia al fuego; e instalando equipos y sistemas de prevención y extinción, como detector y alarma, extintores, mantas ignífugas, BIES o rociadores automáticos. Fuera de la vivienda, sembrar solo jardinería preventiva; realizar periódicamente limpieza perimetral y tipos de cortafuegos, tanto en cada parcela como en la urbanización; e instalación de hidrantes exteriores suficientes en las urbanizaciones y poblaciones.

Por su parte los gestores públicos deben crear equipos multidisciplinares de expertos, que puedan evaluar de manera adecuada las partidas específicas, con una inversión en material y equipo humano suficiente para hacer frente a los mega incendios futuros.

En definitiva, minimizar los daños que se puedan producir debido a estas circunstancias pasan por un conjunto de actuaciones y una conciencia colectiva. A corto plazo, incentivando la prevención y concienciación, apostando por soluciones constructivas con mayores prestaciones de reacción y resistencia al fuego; planificando y gestionando el paisaje e invirtiendo en medios y medidas de protección y extinción. A medio y largo plazo, creando una red sólida de profesionales y medios dedicados a la prevención y extinción; apoyando la implementación de soluciones constructivas con mayor resistencia y reacción al fuego, y medidas de protección en las viviendas; invirtiendo en infraestructura y planes que faciliten iniciativas de economía rural como el pastoreo, o la gestión económica de los bosques.

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