No hay invierno, ni Navidad, en el que las viviendas no sean pasto de las llamas. Descuidos, imprudencias y el uso inadecuado de aparatos eléctricos, braseros y velas destrozan miles de casas y, lo que es peor, se llevan por delante la vida de sus moradores. A falta de un balance definitivo, se calcula que en 2019 habrá un incremento de víctimas por incendio con respecto al año anterior, cuando se registraron 123 fallecidos, según la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. Ya el primer trimestre de 2019 se convirtió en el peor desde 2010, con 75 víctimas mortales, aseguran en Tecnifuego (Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios).
La ciudad de Madrid sirve para evidenciar la magnitud de los incendios en viviendas. Solo en la capital, y hasta el 15 de diciembre, hubo un total de 1.575 fuegos en el interior de edificios y de ellos 1.269 se produjeron en casas, lo que supone un 80% de las intervenciones, cifra el consistorio madrileño. Según Rafael Ferrándiz, jefe del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento, «la vivienda, que es el sitio donde más seguro se siente el ciudadano, es también el lugar donde se producen más incendios; el ocupante se relaja y piensa que la prevención la tienen que hacer otros». Sin embargo, esta prevención, que tiene que estar interiorizada en el ciudadano, es la herramienta que más vidas salva. «No hay nadie, más que nosotros mismos, que regule la carga de fuego [acumulación de enseres, papeles…] que hay en un piso», añade.
Ferrándiz aconseja contar con un extintor portátil, un detector de humo o mantas ignífugas en el interior de cada inmueble, algo que a día de hoy sigue siendo voluntario. También lo es la instalación de rociadores automáticos, a pesar de que salvan vidas y reducen hasta en dos tercios los daños causados por el fuego.
De puertas afuera, la cosa cambia. Los equipos contra incendios ubicados en las zonas comunes del edificio (descansillos, salas de calderas, aparcamientos…) sí son obligatorios y deben cumplir con una serie de exigencias básicas. Desde el 12 de diciembre de 2018, en que terminó el plazo de adaptación al Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI), las comunidades de propietarios están obligadas a pasar trimestralmente una revisión de estos equipos. Un informe de Unespa, la patronal del seguro, que recoge un total de 103.000 accidentes por incendios ocurridos en España en 2018, revela que su coste ascendió a 525 millones de euros. Un 71,4% de los sucesos se produjeron en viviendas, y un 11,4% en las zonas comunes de las fincas, con especial incidencia en cuadros eléctricos, garajes, trasteros y portales.
